Domingo Matías

Domingo Matías

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La Liga Municipal Dominicana, institución gubernamental, de carácter descentralizada, creada mediante la Ley 49, de fecha 23 de diciembre de 1938, surgida en el marco de la dictadura de Trujillo, vuelve a ser un hecho político y social de discusión.  Cada 4 años, agentes de los partidos políticos discuten, debaten, se la buscan, negocian a ''quién le toca'' la Liga Municipal Dominicana. No obstante, no se observan preocupaciones, propuestas, proyecciones, perspectivas y  preguntas sobre qué hacer para que funcione adecuadamente.

Miércoles, 13 Enero 2016 20:41

El PRM: tanque de oxígeno para el PRSC

En mayo 2016, el PRSC estará en la posición tres de las boletas electorales para elegir los cargos a tres niveles de la Administración Pública: presidente, congresistas y municipales. El PRSC también recibirá de la JCE más de 400 millones de pesos para su financiamiento. Estas dos condiciones, según muchos perremeistas, convinieron en los incentivos para el acuerdo entre el PRM y el PRSC.

Desde el año 2010 he presentado el balance del sistema municipal dominicano. Durante estos 5 años los avances institucionales marchan a un ritmo muy lento. Cada año se observa una reiteración de debilidades en la institucionalización de los gobiernos locales. Y particularmente, en la perspectiva temática de la rendición de cuentas, democracia participativa, gobernabilidad, asociativismo municipal, descentralización del Estado y coordinación de las políticas públicas en los municipios. No obstante, se registran avances instrumentales expresados en planificación, capacitación de recursos humanos, tecnificación del funcionamiento de las estructuras orgánicas, Etc.

El Plan Social de la Presidencia gastó, en este diciembre 2015, más de mil millones de pesos en entrega de canastas navideñas. En diciembre 2013 se gastaron 1,050 millones. Aquí, no se está sumado el gasto de los ayuntamientos, el Congreso Nacional (más de 100 millones), diversas instituciones públicas que la entregan directamente a sus empleados. Además, los millones que gastan los partidos políticos, con fondos públicos provenientes del financiamiento a través de la Junta Central Electoral.

En el contexto del acuerdo del PRM con el PRSC y de la negación del PLD para hacer alianza, se presenta a continuación el análisis que puede ayudar a comprender el nivel de aporte o desempeño electoral del partido balaguerista, en las próximas elecciones de mayo 2016.

Una pandemia antidemocrática recorre y corroe todo el sistema de partidos dominicanos. No importa la posición ideológica, los intereses que envuelven, las diferencias discursivas, sin son oficialistas u opositores; porque casi todos están afectados por la fiebre antidemocrática.

Lunes, 07 Diciembre 2015 09:47

La derrota del madurismo en Venezuela

Nicolás Maduro, o el calificado como el "hijo de Chávez", en el 2013 ganó las elecciones con el 50.66% de los votos. Su contrincante principal Enrique Capriles, candidato de la derecha venezolana, obtuvo el  49.07%. La diferencia a favor de Maduro fue de 1.59%.

El municipio de Santo Domingo Oeste constituye uno de los municipios más importantes de República Dominicana en termino de población, empuje económico, identidad cultural, historia común, en aportes organizativo de las comunidades. Desde Herrera, como centro urbano más relevantes de Santo Domingo Oeste, fue donde surgió la idea de descentralización del antiguo Ayuntamiento del Distrito Nacional. Idea esta última que alcanzó su efectividad en el año 2002 cuando se creó la provincia de Santo Domingo, la cual quedó constituida por cuatro municipios: Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Boca Chica y Santo Domingo Oeste (SDO).

Miércoles, 25 Noviembre 2015 08:00

Guillermo y Minou: candidatos a los poderes locales

La oferta electoral de Guillermo Moreno al senado y Minou Tavárez Mirabal a la alcaldía, ambos por el Distrito Nacional, se puede sostener o justificar en el análisis que se presenta a continuación:

Viernes, 23 Octubre 2015 16:00

Los cárteles de la contraurbanización

El concepto de cártel ha estado asociado primordialmente a las acciones ilegales de organizaciones que se dedican al tráfico de armas y de drogas. También, en economía se originan cárteles entre empresas de un mismo sector, los cuales establecen monopolios, de manera informar, con el propósito de reducir o eliminar competencias. Pues, a nivel de gobiernos locales y administración central se han creados, y existen, cárteles de la contraurbanización, los cuales han operados por décadas. La contraurbanización es vista como cambio en el sentido de crecimiento de las ciudades de República Dominicana.

Los cárteles de la contraurbanización, que operan dentro de los gobiernos locales y las sectoriales de la administración central, monopolizan, de modo ilegal, las relaciones con las empresas de construcción que intervienen en la ciudad. En las ciudades grandes e intermedias el fenómeno es mayor que en las ciudades pequeñas, porque la dinámica urbanística es de menor calado. Ingenieros, arquitectos, abogados, técnicos que fungen como inspectores y una porción del cuerpo legislativo o regidores, algunos alcaldes y ministros, fiscales y jueces forman una red que recibe pagos mediante soborno proveniente del campo privado. Los ''constructores" saben dónde acudir para saltarse las normas urbanísticas y ambientales. Estos violan los diseños arquitectónicos y estructurales aprobados, y ejecutan las obras físicas en función del interés particular.  

Las conexiones entre burócratas de oficinas de Planeamiento Urbano y de Consultorías Jurídicas de los ayuntamientos, fiscales y jueces se producen de modo soterradas. Hay una cultura entronizada para facilitar el soborno  por los constructores destructores del desarrollo urbano. Los tribunales municipales se convierten en hervideros de ciudadanos que reclaman respeto a la densidad o altura de las edificaciones, a las dimensiones de los linderos y de las aceras, a la invasión de áreas verdes, ausencia de áreas recreativas y deportivas, por la protección de patrimonios naturales y culturales, etc. Estos cárteles se podrían tipificar como criminales, porque producen y están produciendo un urbanicidio.

La operación diaria de los cárteles de la contraurbanización transforma en quimera, sueño o ilusión el objetivo del ordenamiento territorial o de poner en marcha los instrumentos de  planificación urbana; con el cual se busca organizar los suelos según vocación residencial, comercial, institucional, cultural o recreativo. Se podría disponer de una legislación que regula la distribución de los espacios de la ciudad, lo cual técnicamente se muestra como viable; pero la acción de los cárteles existentes en el interior de los gobiernos locales y sectoriales de medio ambiente y obras públicas de la administración pública central lo hace inviable. La cultura del cártel se impone a la cultura urbanística. La cultura del cártel de la contraurbanización cuenta con la alianza del poder económico-privado, y de una porción del poder político. En este escenario, el poder de la tecnocracia municipal, con funciones de gestionar y cuidar la ciudad, queda relegado e invisibilizado; y en muchos casos el desenlace podría tomar tres caminos: 1-renunciar, 2-enfrentar el cártel, y, 3-acomodarse, tolerando conscientemente las malas prácticas de dehuesamiento del ordenamiento de la ciudad.

La urbanística pierde sentido como disciplina científica de la ciencia y el arte para la planificación urbana.  Los conceptos técnicos para el ordenamiento de la ciudad son reemplazos por los negocios en que se involucran los cárteles de la contraurbanización. Las reglas urbanísticas son sustituidas por una anomia que produce una ruptura de la organización racional del espacio físico. La planificación urbana pierde sentido, deja de ser útil;  porque la invasión violenta del espacio comunitario sin control produce impacto y sensación de que todo está perdido.

Estas ilegalidades, con que operan los cárteles, producen una revalorización del suelo para fines privado, y pierde sentido social para los fines públicos y sociales.  Un efecto es que el gobierno local pierde ingresos y la ciudadanía pierde espacios públicos para el disfrute y la convivencia pacífica. La sociedad municipal pierde en calidad ambiental;  en efecto desfavorable en el cambio climático por incremento de las emisiones de carbono, por efecto de una mayor densidad vehicular en pequeños territorios; aumento de la temperatura; presión en la oferta servicios públicos. Este cártel es responsable de la ruptura en el dominio y exclusión del uso de de los espacios públicos por parte de las personas con alguna discapacidad, los cuales no pueden circular libremente en los territorios intervenidos por el mercado inmobiliario de la contraurbanización.

Los cárteles de la contraurbanización agreden la agenda de reforma municipal para la obtención de más recursos para los gobiernos locales. La sensación que dejan en los ciudadanos es de más recursos para financiar cárteles de profesionales que se apropian de salarios con fondos públicos y obtienen dinero y bienestar de manera ilegal de las "corporaciones" de constructores privados, no tiene sentido. La legitimidad de la demanda se pierde. La ciudadanía afectada por el cártel de la contraurbanización se vuelve incrédula, desacertada, frustrada y no identificada con que a los gobiernos locales se le aporte más fondos para financiar a recursos humanos que juegan con desvertebrar la ciudad y la vida en comunidad.

Los cárteles actuán bajo la sombra. ¿Quién enciende las luces?.La ciudad de los ciudadanos tendría como desafíos construir escenarios que permitan quitar la anestesia, alborotar y levantarse para producir un espacio social-urbana caracterizado por un fuerte empoderamiento ciudadano; un movimiento de los que quieren ciudad con igualdad de oportunidades, cohesión territorial, participación democrática y ambiente sostenible; con capacidad para detectar y denunciar en medios de comunicación de masas y en redes sociales a los miembros de los cárteles de la contraurbanización, señalándolo por sus nombres y cargos; con decisión para proceder legalmente en el sistema judicial; y  colocar fuera de juego público-privado a los cárteles que destruyen la cohesión social-territorial, la convivencia pacífica, el equilibrio ambiental y la habitabilidad sostenible de barrios, residenciales, urbanizaciones, comunidades y de toda modalidad de asentamiento de la vida humana en la ciudad.

 

 

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