Domingo, 19 Junio 2016 09:58

Militarismo y guardismo no es seguridad ciudadana

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Con un Decreto Presidencial que fortalezca Barrio Seguro en su concepción original, la aceleración del sistema 911 en Santiago, un fondo nacional y provincial y un control riguroso de la circulación caótica de motoristas y motoconchistas, se logra más impacto en seguridad ciudadana que la aventura de enviar simplemente a las calles miles de guardias y policías en uniformes camuflados de guerra, sin plan, ni normas institucionales claras.

Mientras el Decreto presidencial impondrá orden en un área sensible: EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL CRIMEN; la movilización de tropas es un acto de guerra que impone riesgos que habrá que calcular para calmar una opinión pública hastiada por la irresponsabilidad e ineficiencia de las fuerzas del orden público. Sobre todo cuando se sabe que miembros de la policía y el ejército participan directa o indirectamente en el crimen organizado. Las tropas requieren orden, plan y programa sostenible de trabajo en coordinación con las organizaciones de la ciudadanía en el territorio.

El militarismo pura y simple es una imprudencia política, especialmente en un país que recibe más de 5 millones de turistas anuales y casi dos millones de dominicanos de la diáspora observarán en las calles las patrullas mixtas con uniformes verdes y grises camuflados de tropas equipadas hasta los dientes con armas de guerra, fusiles y escopetas recortadas. Súmese ahí la gran cantidad de jóvenes entre 15 y 30 años de todos los estratos sociales, residentes en las grandes ciudades dominicanas que como resultado de la transición demográfica, circulan noche a noche en búsqueda de sana diversión y entretenimiento en discotecas, restaurantes y centros nocturnos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) analiza críticamente los errores de la Policía Latinoamericana en seguridad ciudadana.

Hemos fracasado en controlar la delincuencia y el crimen, pero todavía estamos a tiempo. Mayor es la ineficiencia de cientos de generales, coroneles y oficiales; miles de tropas, representantes del ministerio público y la judicatura a los que la ciudadanía paga sus salarios buenos y malos vía los impuestos. Han fallado en reducir crímenes y asesinatos prevenibles. Hechos que han tomado mayor magnitud por los mismos sistemas de cámaras y videos que circulan en las redes sociales filmados por receptores del sistema 911. En Santiago, para trabajar bien las “tropas” requieren orden y programa concreto, en coordinación con las organizaciones ciudadanas, en especial el Consejo para el Desarrollo Estratégico (CDES) y las entidades empresariales y desarrollo de Compromiso Santiago.

PNUD SEGURIDAD CIUDADANA 2

Se juega irresponsablemente con números y percepción. En este contexto recordamos una anécdota de la actual ministro de salud, Altagracia Guzmán a la que en su despacho (1997) yo mismo le calculaba la reducción de la mortalidad infantil, ella con mucha sabiduría materna me dijo: “Reynaldo hasta un sólo niño que muera por una causa prevenible es vergonzoso, no cantemos victoria con el dolor humano”.

República Dominicana en homicidios por 100 mil, tasas de raterismo y porcientos de robos comunes, no ocupa los primeros lugares de Latinoamérica. Sin embargo toda la generación de los años 70, 80 y 90 del siglo XX, que es hoy la población económicamente activa (PEA) se desarrolló con cifras muy bajas de delincuencia, para ellos la actual situación es una grave epidemia, tragedia y cataclismo nacional, hipertrofiada por medios de comunicación irresponsables.

Todos los presidentes de las Federaciones de Juntas de Vecinos de Santiago que trabajan con el Consejo para el Desarrollo Estratégico (CDES), reclaman que el programa BARRIO SEGURO sea restaurado integralmente sin el protagonismo personal precedente, pero en similares términos que lo implementaba la pasada gestión del Ministerio de Interior y Policía. Debemos subrayar que en muchas ciudades del mundo, es el Ayuntamiento municipal el órgano rector de la seguridad pública, por lo que afirmamos que toda solución atraviesa por involucrar las autoridades municipales en la solución. Subrayamos dos aspectos clave, primero más de 50 entidades recientemente crearon el Consejo de Seguridad de Santiago (COSESA) que a 10 años del fallecimiento de la estudiante de medicina PUCMM Vanessa Ramirez Faña, posee un plan operativo en ejecución. COSESA fue creado para trabajar con el gobierno, para apoyar las buenas medidas y exigir el cumplimiento de otras. Segundo igualmente, debe recalcarse la creación por el Ministerio de la Presidencia de la Comisión de Proyectos Presidenciales (COCIPS) que impulsa la culminación exitosa del Sistema 9-1-1 en Santiago.

Concluyo con los 7 Principios de Medellín a favor de la seguridad ciudadana que el pasado Alcalde Aníbal Gaviria tuvo a bien en presentarnos en el contexto de los encuentros del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), coherentes con las 10 recomendaciones del PNUD al respecto. Ninguno de ellos se refiere al envío de tropas armadas de fusiles de guerra a las calles, sino que subrayan formas concretas de asumir una NUEVA CULTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA.

1) El ejemplo de las autoridades públicas es la principal herramienta pedagógica de transformación cívica a favor de la seguridad ciudadana; 2) El dinero público es sagrado, no es una mercancía utilizable entre delincuentes y fuerzas del orden; 3) La gestión de lo público debe ser transparente y someterse al escrutinio de concursos y licitaciones; 4) Reducir en sitios públicos los “disparadores” de la violencia: drogas, armas y alcohol; 5) Generar acciones de proteger las poblaciones más afectadas por la violencia y el delito, 6) la Planeación debe imponerse sobre la improvisación y el activismo de campañas inmediatistas; y 7) Las relaciones con la comunidad deben ser abiertas y claras, y desarrollarse a través de los espacios de participación social, donde la vida es el máximo valor y no hay una sola idea, ni buen propósito que amerite quitarla.  En la otra seguimos.