Martes, 22 Agosto 2017 12:19

Designación presidencial del secretario general de la Liga Municipal Dominicana

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En el momento en que se escribe esta reflexión, se está desarrollando a nivel nacional un proceso de consulta que busca conocer la opinión de sectores de la sociedad civil, las entidades gremiales que representan los intereses de sus asociados (alcaldes, regidores, directores y vocales de juntas de distritos municipales), entidades del Gobierno Central, órgano de control del Estado e investigadores o estudiosos de la cuestión municipal.

El anteproyecto de ley, denominado Ley Orgánica de Administración Local y el Régimen Territorial, que reemplazaría a la actual 176/07, prevé una reforma de la Liga Municipal Dominicana, cuyas competencias y atribuciones serían reenfocadas, se cambiaría su nombre por el de Instituto de Desarrollo Municipal, cuyo principal ejecutivo (actual secretario general) sería designado por el presidente de la república, como ocurre en todos los países con instituciones similares, y tendría espacio en el Consejo de Gobierno (no nos estamos refiriendo al Consejo de Gobierno Ampliado).

Desde el origen de la Liga Municipal Dominicana en 1938, Trujillo y después Balaguer decidían, como es obvio por el carácter de sus gobiernos, quién sería el secretario general o principal autoridad ejecutiva. Una vez se produce la tradición al sistema de democracia electoral en 1978, Balaguer con control de los concejos de regidores continúo influyendo en la decisión de la elección del secretario de la Liga Municipal Dominicana. Desde el año 1998 hasta el presente, la figura que ha decidido quién debe ocupar la posición del secretario general de la Liga es el presidente de la república. Lo hizo Leonel Fernández (1996-2004) e Hipólito Mejía (2004-2008), apoyando a Amable Aristy Castro de un partido minoritario. En 1998, incluso, hubo una alteración y rompimiento del orden institucional, influenciado por la Presidencia. Por su lado, aun habiendo oposición de gran parte del litoral del PLD, que era mayoría o tenía control de la mayoría de los municipios dominicanos, en los períodos de gobiernos de Leonel Fernández (2008-2012) y en el Danilo Medina (2012-2016) la decisión de designar al secretario Johnny Jones, no miembro del PLD, tuvo determinada por la preferencia de ambos presidentes. Quiere decir, que ni los regidores en su momento, ni los alcaldes actualmente tienen poder decisión para elegir democrática y soberamente al secretario general. Al contrario, los alcaldes se han plegados y doblegados a las decisiones presidenciales.

En estos momentos, ni la modalidad de intervención directa del presidente de la república ni el modelo teórico asambleario municipal han funcionado institucionalmente. Según el marco jurídico actual, no muy claro, la función electiva les corresponde a los alcaldes, los cuales, en el pasado sacaron de la modalidad electiva a los regidores, por lo tanto, la incidencia presidencial le quita racionalidad o sustento al procedimiento o esquema de decisión. Y, por su lado, el modelo asambleario carece de procedimientos transparentes y es muy costoso para los contribuyentes, porque quien aspira a continuar en la Liga asume prácticas de reparto y oferta de recursos y compromisos con nombramientos de adeptos, lo cual coloca a la institución en condición de caja desaforada con fondos que se gastan fuera de los propósitos de mejorar el estado de situación expresado en débil institucionalidad de los ayuntamientos y en apropiarse de una visión dónde el gasto sirva para generar efectos favorables y promover desarrollo en los territorios. En conclusión, la democracia por el órgano de elección denominado Asamblea Municipal ha sido una farsa.

La Secretaría General es un órgano adscrito al Poder Ejecutivo, y por efecto este Poder tiene que asumir responsabilidades directas con el financiamiento, la fiscalización, la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de su papel. Como órgano estatal y autónomo para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, la Liga que pasaría a denominarse Instituto de Desarrollo Municipal, recibiría fondos directos desde el Poder Ejecutivo, apostaría a obtención de recursos de organismos internacionales de cooperación y gestionaría recursos adicionales destinados por el Gobierno Central como fondos de incentivos para las comunidades más vulnerables. El porcentaje de fondos retenidos a los ayuntamientos y juntas de distritos para transferir a la Liga Municipal Dominicana debería llegar a su fin y redistribuir los más de 850 millones anuales entre los Gobiernos Locales.

Actualmente, el Comité Ejecutivo como estructura de la Liga Municipal Dominicana, cuya composición integra alcaldes, representantes de 4 partidos políticos (PLD, PRM, PRD y PRSC), de modo ilegal e ilegítimo, y de las gremiales sale muy caro a los contribuyentes dominicanos. Este Comité se reúne 12 veces en el año y sus miembros reciben por incentivos más de 22 millones de pesos. Más o menos participan 44 personas, que reciben, cada uno, RD$40,000 por 2 o 3 horas de trabajo mensual. De esta estructura se desprenden compromisos que disparan el gasto corriente, en muchos casos improductivo, porque está enfocado al incremento de la nómina, de donde se sustraen cientos de millones de pesos que pagan los contribuyentes dominicanos.

La nueva legislación tiene que resolver esta distorsión, que algunos denominan descentralización. El Comité Ejecutivo de la Liga tiene que continuar, pero con otra modalidad que lo lleve a ser el órgano de coordinación para el diseño, seguimiento y evaluación a las políticas públicas municipales. No basta con cambiar el nombre. Su composición tiene que estar determinada por la representación de entidades del Gobierno Central, las gremiales como representantes de los intereses de los gobiernos locales, y por la sociedad civil para la veeduría social, como manda la Constitución y diferentes leyes sectoriales. El Gobierno Central, deberá representarse por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Un representante de las gremiales sería el vicepresidente del Comité Ejecutivo. Todos ellos actuarían de manera honorífica en el marco del respeto a la Ley General de Salarios.

Los organismos homólogos o similares a Liga Municipal Dominicana que existen en los países de Centroamérica sirven de referencia para la modalidad de designación, no de elección, de un cargo burocrático. En Guatemala (INFOM), en Nicaragua (INIFOM), en Costa Rica (IFAM) y en El Salvador (ISDEM) son designados por el presidente de la república o por un ministro. Los gobiernos de estos países son los que asumen el financiamiento presupuestario de modo directo, nunca descontándose de las transferencias a los ayuntamientos. Mientras en República Dominicana el Comité Ejecutivo, que deberá denominarse Junta Directiva, tiene 44 miembros, en Guatemala está compuesto por 3 directores, en Nicaragua y Costa Rica por 7 miembros y en El Salvador por 8 miembros, como se muestra a continuación en el siguiente cuadro:

PAIS

DENOMINACION

ORGANO DIRECTIVO

QUIEN DESIGNA

Guatemala

Instituto Nacional de Formación Municipal (INFOM)

Ley Orgánica que Crea el INFOMDecreto Número 1132

Junta Directiva

3 directores con sus respectivos suplentes

 

Propone terna al presidente para el cargo de gerente (principal autoridad técnica. Homologa con director ejecutivo). De duración indefinida.

 

 

1 director por el presidente de la república

1 director por la Junta Monetaria

1 director por la Asociación Nacional de Municipalidades

Nicaragua

Instituto Nicaragüense de Formación Municipal (INIFOM)

Junta Directiva. Compuesta por 7 miembros:

 

1 Presidente Ejecutivo designado por el Presidente de la República.

3 Ministros o Presidentes de Entes Descentralizados

3 alcaldes, electos por los alcaldes de todo el país, uno de los cuales será miembro de la Junta Directiva de AMUNIC.

 

Presidente de la República designa presidente ejecutivo

Costa Rica

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)

Ley 4716.9/ febrero 1971

 

Por 7 miembros

1 Presidente Ejecutivo

6 miembros con preparación técnica, conocimientos y experiencia en materia municipal

 

Presidente ejecutivo y tres miembros designado por el Consejo de Gobierno

Tres miembros elegidos por representes de los Concejos Municipales del país.

El Salvador

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM)

Ley que crea el ISDEM/ Decreto Nº 616

Consejo Directivo, compuesto por 8 miembros.

1 Director nombrado por el Ministerio del Interior;
1 Director nombrado por el Ministerio de Obras Públicas;
1 Director, nombrado por el Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social;
1 Director, nombrados por el Concejo Municipal de San Salvador;
4 Directores, uno por cada una de las regiones:
Central, Occidental, Oriental y Para-Central

Eligen, dentro de su seno, al presidente y al vicepresidente.

República Dominicana

Liga Municipal Dominicana

Comité Ejecutivo. 44 miembros

31 alcaldes, uno por cada provincia

1 alcalde del Distrito Nacional

4 presidentes miembros de las gremiales (FEDOMU, ASODORE, FEDODIM, UNMUNDO)

4 miembros de partidos políticos (PLD, PRM, PRSC, PRD)

1 Enlace entre el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos

1 Ministro de Interior y Policía

Asamblea de Alcaldes designa al secretario general

 

El Instituto de Desarrollo Municipal, hoy Liga, se abordaría en su funcionamiento en la línea de la filosofía de una institución pública modelo, como lo es el Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP), entidad cuyo personal fijo es de alto nivel de preparación e inamovible.

La designación presidencial de autoridades ejecutivas del futuro Instituto de Desarrollo Municipal (hoy Liga Municipal Dominicana) por parte del presidente y el cambio de nombre tienen que observarse como medios para alcanzar fines que conduzcan a mejorar el funcionamiento de los gobiernos locales, superar sus déficits institucionales; un Instituto modelo en la formación técnica y profesional de los servidores y servidoras municipales, que aporte al desarrollo integral de las comunidades insertadas en los municipios; un Instituto reformado integralmente en materia de gestión de recursos humanos, transparencia, planificación estratégica; un Instituto que deje atrás la percepción ciudadana, de una gran parte, que reclama su cierre definitivo; un Instituto gestionado por líderes con compromiso social con la institucionalidad, la transparencia, la democracia municipal y el desarrollo sostenible; un Instituto que aporte realmente a un mejor funcionamiento del Estado en los territorios.

Modificado por última vez en Miércoles, 23 Agosto 2017 15:20