Lunes, 04 Septiembre 2017 11:08

Repensar la Industria

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En las últimas cinco décadas el país pasó de un proceso de industrialización de tipo periférico basado en la sustitución de importaciones para el mercado interno, a otro basado en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, en bajos salarios y en la actividad de zonas francas hoy en crisis.

La producción industrial sigue siendo un sector muy importante para la economía nacional.  Aunque su valor relativo, en franco descenso, es cada vez menor, producto del cambio estructural que se ha operado en la economía dominicana.

Recientemente Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) publicó el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM), según el informe, éste sufrió una caída de 23 puntos al descender de 66.3 en que se encontraba ubicado en marzo, a 43.3 en abril del 2017.  El más fuerte descenso desde junio del 2015.

El indicador es relevante, si es puesto en contexto.  La producción industrial, retrocede en su participación como parte del PBI, si exceptuamos el aporte de zona franca (de la cual sólo se contabilizan sueldos y salarios).  En 1970 el aporte del sector manufacturero local al PBI nacional fue de 18.5 %, de 17.9 % en 1980 descendió al 15 % en 1990; a 16.9 % en el 2000, y de 12.0 % en 2010 a un 10.7 % en el 2015[1].

En otras palabras, el sector manufacturero pierde relevancia, se hace evidente el proceso de desindustrialización, el descenso del empleo industrial y su sustitución por una economía de servicios.

El “desarrollo” industrial dominicano, no ha sido el resultado de una estrategia o una política industrial, sino la derivación de las luchas políticas entre los diversos sectores empresariales, y aprovechamiento del Estado en función de sus intereses inmediatos[2].

Bajo esa lógica, la producción industrial operó con: alta dependencia de materias primas importadas, dificultades logísticas que ocasionaron la necesidad de grandes inventarios y por tanto de capitales.  A esto se le sumó una asistencia técnica inadecuada e insuficiente, niveles limitados de capacitación de la mano de obra, el fomento de esquemas de dirección que obedecieron a racionalidades de trabajo diferentes.

La adopción, de forma distorsionada, de métodos de trabajo de países centrales, ejemplo: los supervisores fueron conceptuados y entrenados en la capacidad de vigilancia policial de los trabajadores mas que sostenimiento de la calidad e incremento de la productividad.

La baja productividad de la industria local, se trató de compensar con estructuras salariales rígidas, por tanto un salario real insuficiente; esta limitación salarial a su vez, frenó la expansión del consumo, como las empresas operaban en un mercado pequeño, impactó negativamente su rentabilidad haciéndolas incapaces de competir con racionalidades productivas más eficientes.

Es decir, la producción industrial se sustentó en bajos salarios, restricciones a la innovación nacional, máquinas de elevada capacidad tecnológica, pero con fuerte subutilización, requiriendo de aranceles con tasas de protección efectiva significativamente elevadas. 

En las “políticas industriales” desde el Estado hubo intencionalidades políticas donde  predominaban los enfoques redistributivos, y la promoción de un reparto más equilibrado. Estas se basaron en la generación de “ventajas competitivas” mediante la concesión de subsidios, exenciones, y desgravaciones fiscales a la instalación, construcción de infraestructuras o localización de grandes empresas que debían actuar como motor de arrastre de la economía[3].

Con la apertura de los mercados, bajo lo lógica neoliberal, el saldo encuentra un sector industrial que opera con serios rezagos con respecto al resto de la economía, que batalla por la preservación de los privilegios originarios, con limitada capacidad de resistir y transformarse creativamente, con escasa producción de bienes transables internacionalmente, vende sus industrias y se convierte en gerente de las que fueron sus propias empresas.

A pesar de los discursos y las propuestas políticas, el Estado dominicano, ha sido entonces poco diligente para de definir una estrategia de desarrollo industrial, que permita además de las necesidades materiales, satisfacer las necesidades culturales y morales más sentidas de sus ciudadanos.  Debemos repensar la industria dominicana.

Ramón Valdez

29-08-2017



[1]
                        [1]Bancentral : https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/real/

[2]
                        [2]Muy ilustrativo el libro de Frank Moya Pons: Empresarios en Conflicto.

[3] desde la Ley 4 de 1963 hasta la  Ley 299 de 1968.  Desde la 69 de 1979 a la 409 Ley Agroindustrial de 1980. Y la Ley 8-90 de zonas francas industriales hasta la ley Ley 84 de Fomento de las Exportaciones de 1999, ejemplican la legislación  de “apoyo” al sector industrial.

Ramón Valdez

Ramón Valdez, es un economista dominicano, con dos maestrías: Administración de Empresas de la UASD y Administración del Desarrollo Local de la Universidad Complutense de Madrid. Es consultor en estudio socio económico, territorial y asociatividad empresarial. Es autor de la investigaciónComunidades Productivas: Asociatividad y Producción en el Territorio 2007, la cual está disponible en el enlace 

www.eumed.net/libros-gratis/2007a/268/ y https://www.scribd.com/document/153062174/COMUNIDADES-PRODUCTIVAS